El sistema de justicia militar de México no se ocupa de las víctimas de las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la marina del país, pero el Senado mexicano tiene una oportunidad clave para cambiar esta situación, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
“Si la cámara legislativa mexicana quiere demostrar que está realmente decidida a hacer valer los derechos humanos, aprovechará esta oportunidad clave para reformar el sistema de justicia militar de una vez por todas y garantizar que la justicia civil investiga y enjuicia todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”, ha señalado Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México.
“De este modo, México se ajustaría a las normas internacionales de derechos humanos, así como a los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sobre esta cuestión a lo largo de los últimos años.”
Numerosos mecanismos de derechos humanos de la ONU han recomendado que las autoridades mexicanas reformen el sistema de justicia militar, en particular que limiten su alcance y garanticen que el sistema de justicia civil se ocupa de la investigación y enjuiciamiento de los presuntos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de México han determinado además que el Estado tiene la obligación de hacerlo.
Con ocasión del debate en el Senado mexicano de un proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar, Amnistía Internacional pide a los senadores que modifiquen el proyecto de ley presentado para garantizar que las violaciones de derechos humanos se investigan y enjuician en el sistema de justicia civil.
Amnistía Internacional México ha escrito a los miembros del Congreso mexicano y ha estado captando apoyos entre ellos, y su director, Daniel Zapico, hará hoy una presentación ante el Senado en el marco de una serie de sesiones públicas sobre el proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar.
“La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo, en la región de América y en México en particular muestra que la justicia militar es un obstáculo a la hora de poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pues carece de independencia, imparcialidad y transparencia”, ha afirmado Zapico.
“Desde la matanza de Tlatelolco de 1968 hasta la desapariciones forzadas de Nuevo Laredo de agosto de este año, Amnistía Internacional ha documentado una ausencia sistemática de investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas, lo que deja a la víctimas y a sus familiares sin acceso a la verdad y la justicia”, ha explicado Zapico.
Según el informe Aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, que Amnistía Internacional presentará en el examen periódico universal de la ONU en octubre de 2013, desde 2006 ha aumentado el número de casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, y en la mayoría de ellos ha habido impunidad.
“Si la cámara legislativa mexicana quiere demostrar que está realmente decidida a hacer valer los derechos humanos, aprovechará esta oportunidad clave para reformar el sistema de justicia militar de una vez por todas y garantizar que la justicia civil investiga y enjuicia todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”, ha señalado Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México.
“De este modo, México se ajustaría a las normas internacionales de derechos humanos, así como a los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sobre esta cuestión a lo largo de los últimos años.”
Numerosos mecanismos de derechos humanos de la ONU han recomendado que las autoridades mexicanas reformen el sistema de justicia militar, en particular que limiten su alcance y garanticen que el sistema de justicia civil se ocupa de la investigación y enjuiciamiento de los presuntos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de México han determinado además que el Estado tiene la obligación de hacerlo.
Con ocasión del debate en el Senado mexicano de un proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar, Amnistía Internacional pide a los senadores que modifiquen el proyecto de ley presentado para garantizar que las violaciones de derechos humanos se investigan y enjuician en el sistema de justicia civil.
Amnistía Internacional México ha escrito a los miembros del Congreso mexicano y ha estado captando apoyos entre ellos, y su director, Daniel Zapico, hará hoy una presentación ante el Senado en el marco de una serie de sesiones públicas sobre el proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar.
“La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo, en la región de América y en México en particular muestra que la justicia militar es un obstáculo a la hora de poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pues carece de independencia, imparcialidad y transparencia”, ha afirmado Zapico.
“Desde la matanza de Tlatelolco de 1968 hasta la desapariciones forzadas de Nuevo Laredo de agosto de este año, Amnistía Internacional ha documentado una ausencia sistemática de investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas, lo que deja a la víctimas y a sus familiares sin acceso a la verdad y la justicia”, ha explicado Zapico.
Según el informe Aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, que Amnistía Internacional presentará en el examen periódico universal de la ONU en octubre de 2013, desde 2006 ha aumentado el número de casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, y en la mayoría de ellos ha habido impunidad.
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